Efectivos de antidisturbios procedieron a efectuar diversas indentificaciones y posteriormente a disolver por la fuerza a un grupo de unos 100 manifestantes que protestaban pacíficamente ante la Embajada de México en Madrid, por la desproporción en la fuerza utilizada por el gobierno de Vicente Fox para restablecer el "orden público" en el Estado de Oaxaca.

Los manifestantes mantuvieron en todo momento una actitud cívica y ordenada, si bien los agentes les fueron empujando cada vez con mayor brusquedad, hasta alejarles del perímetro y los aledaños de la sede de la legación mejicana.

Se da la circunstancia de que el argumento esgrimido por los agentes de la autoridad era que: "si la concurrencia de personas no está autorizada, es que está prohibida, o no permitida", circunstancia ésta que supone un mayúsculo desconocimiento de las libertades políticas de la ciudadanía, puesto que, de acuerdo con la Constitución Española de 1979, en su artículo número 21, apartado primero: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa".

En nuestro país toda concentración política es legal, por el mero hecho de su existencia, debiéndose notificar a la administración pública -únicamente a los efectos de organización del tráfico-, en el caso de que se prevea invadir la vía pública, cosa que en el caso que nos atañe no tuvo lugar, puesto que los manifestantes permanecieron todo el tiempo en la acera, sin entorpecer el tráfico ni ocupar ningún carril de coches.

Entre los manifestantes se encontraba el Profesor Jaime Pastor, distinguido por su trayectoria de compromiso y trabajo intelectual en defensa de los Derechos Humanos y el proletariado.

Ignoramos quien es el responsable político que ha conculcado el libre ejercicio de este derecho fundamental. A preguntas de éste periódico, ningún responsable de comunicación de la Delegación de Gobierno en la comunidad autónoma de Madrid ha querido hacer declaración alguna sobre el particular.