Las imágenes del horror que están produciendo los actuales regímenes de fronteras europeos no cesan de llegar a través de la prensa, la televisión e Internet. Las muertes frente a las vallas de Ceuta y Melilla, las deportaciones a pleno desierto del Sahara, los naufragios en las costas de Canarias, las negociaciones bilaterales para que determinados países africanos acepten incluso las deportaciones de no connacionales a cambio de grandes sumas de dinero, la movilización por parte de la UE de patrullas navales y aéreas para controlar las costas de Canarias y África Occidental... nos hablan de una guerra larvada librada en las fronteras exteriores europeas contra aquellos hombres y mujeres que osan viajar hacia Europa en busca de una vida mejor.

La migración Sur-Norte, al igual que antes la migración campo-ciudad, se impone como una cuestión irreversible. Sin embargo, la Unión Europea se empeña en afrontarla en términos insistentemente represivos. Esto no sucede sólo allá fuera, en las fronteras exteriores europeas y en los países de tránsito migratorio, subcontratados para la gestión del desplazamiento de personas hacia Europa, sino también, cada vez más, en nuestras ciudades: los controles de identidad se multiplican por doquier –desde la salida del metro o del tren de cercanías, hasta la agencia de viajes o la oficina de correos. El objetivo no es tanto identificar y expulsar a todos los migrantes extracomunitarios sin permiso de residencia, como conseguir que la amenaza de la deportación sea un chantaje permanente para todos, mantener a una cantidad cada vez más importante de la población en un estatuto de subalternidad. Así, las y los ciudadanos migrantes extracomunitarios que viven y trabajan en la UE ven como su estatuto legal, su seguridad, su libertad de movimiento están sometidas a la arbitrariedad propia de las legislaciones de excepción. El miedo y la incertidumbre impregna sus vidas pero también nuestras ciudades, como nueva atmósfera-ambiente.

Los acontecimientos del 24 de junio del 2006, en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zona Franca, son una expresión más de la modalidad represiva, exclusivamente policial-militar, que adopta la actual política de fronteras del gobierno de Zapatero y de todos los gobiernos de la UE. Lo son por el emplazamiento de los hechos: nada ejemplifica mejor que los Centros de Internamiento para Extranjeros la arbitrariedad y la denegación de derechos que los regímenes de frontera europeos suponen. En estas cárceles para inmigrantes se recluye por un plazo de hasta 40 días a personas cuyo único delito es existir y querer habitar, trabajar y convivir en un lugar en el que no nacieron.

Todo ello a pesar de las reiteradas y continuas denuncias de vulneración flagrante de derechos humanos y de las condiciones de insalubridad y descoordinación en estos centros, por parte de organizaciones sociales y distintas ONGs (como los Informes del Defensor del Pueblo de 1989 y 2000; el Informe del Síndic de Greuges de 2005; el Informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles de 2005; el informe del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad de Barcelona de 2004; o las reiteradas denuncias de Amnistía Internacional) y algunas protestas de los propios migrantes afectados (como las huelga de hambre en la Verneda a finales de 2004).

Lo sucedido en junio del año pasado muestra la orientación represiva de la política de fronteras también por la reacción policial contra quienes osan señalar las fronteras, contra quienes, habiendo nacido aquí, se alzan y dicen que esta política, hecha supuestamente en nombre de nuestra seguridad, no nos representa. Como ya se hizo durante la I Caravana por la Libertad de Movimiento, que tuvo lugar en Ceuta, como respuesta a los asesinatos en la frontera el 29 de septiembre de 2005. La detención de las 59 personas que entraron en el CIE en construcción de Zona Franca, incluidos dos abogados y dos periodistas, las acusaciones abusivas, el trato vejatorio en las dependencias policiales, la prolongación de la detención durante más de 48 horas en respuesta a una acción pacífica no pueden sino suscitar nuestra indignación y rechazo.

Por eso, los abajo firmantes, en solidaridad con todos aquellos que inmigran a Europa y se encuentran con humillaciones, subalternidad y golpes y en solidaridad con esa centena de hombres y mujeres venidos de toda Europa que realizaron una acción pacífica para dirigir la atención pública hacia el nuevo centro de internamiento antes de su inauguración y extender así el movimiento contra los CIE's en Europa, exigimos:

- La retirada de todos los cargos contra los acusados
- El cierre de todos los Centros de Internamiento

El manifiesto puede firmarse individualmente en http://communia.org/caravana/reply/reply.php

Adhesiones de colectivos, enviar a: julillamb@yahoo.es