Democracia Nacional y una larga lista de organizaciones fascistas, son responsables en todo el Estado de innumerables actos delictivos contra inmigrantes, homosexuales, sedes de organizaciones de izquierda, jóvenes de izquierda, etc.

El asesinato en Madrid de un joven antifascista de 16 años, el apuñalamiento de otro compañero a manos de un nazi, la represión de la policía - siempre contra los antifascistas – que produjo varios heridos y detenidos, culminan la escalada impune de agresiones de organizaciones fascistas que se vive en el estado Español y la complicidad de policías y jueces en las mismas. Especialmente nauseabundo es el papel de los grandes medios de comunicación, incluidos los de “izquierdas” como la cadena SER, presentando los hechos como peleas entre bandas de punkis y skinheads rivales.
El grupo de jóvenes antifascistas, del cual formaban parte Carlos, el compañero asesinado, y el otro compañero herido, pretendía impedir, con sus jóvenes cuerpos desarmados como única defensa, que se produjera la ignominia de una manifestación convocada por Democracia Nacional con los lemas "Contra el racismo antiespañol y contra la inmigración" y legalizada por la Delegación del Gobierno, es decir, por el Gobierno del PSOE.
Democracia Nacional y una larga lista de organizaciones fascistas, son responsables en todo el Estado de innumerables actos delictivos contra inmigrantes, homosexuales, sedes de organizaciones de izquierda, jóvenes de izquierda, etc.
Pese a ello y debido, sin duda, a sus estrechas vinculaciones con altas instancias de la policía y la judicatura, jamás han sido objeto de proceso de ilegalización alguno. Los procedimientos penales contra ellos se pierden sin que sus aparatos organizativos sean desmontados y sus sedes dejen de funcionar, utilizando incluso locales públicos, como los de la OJE.
El auge de estas organizaciones fascistas está directamente relacionado con la "política antiterrorista" del estado Español y de la Unión Europea, sostenida por los gobiernos del PP y del PSOE, con la complicidad del resto de la izquierda parlamentaria, y de la Unión Europea , que reprime ferozmente y anula los más elementales principios democráticos y de seguridad jurídica a organizaciones de la izquierda independentista o no que cuentan con el respaldo de muchos miles de personas, a movimientos sociales y a sindicalistas, mientras financia generosamente con fondos públicos a organizaciones legales nazis, racistas y xenófobas, encabezadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo(AVT). Al tiempo, en un ejercicio siniestro de hipocresía, las diversas administraciones sostienen campañas y organizaciones en medios públicos "contra la intolerancia" y "contra el racismo" .
Corriente Roja afirma que esta dramática situación de represión feroz contra la clase obrera y los pueblos del Estado español está directamente relacionada con la hegemonía en los aparatos del Estado( fuerzas armadas, judicatura, administración, etc), en la cúpula de la Iglesia y en los medios de comunicación, de la derecha heredera del franquismo encabezada por el rey-jefe del estado, con la connivencia – por acción u omisión - de la izquierda parlamentaria.
Por todo ello, Corriente Roja, que siente como propia la sangre derramada y la pérdida irrecuperable de la vida adolescente de Carlos, truncada por lo más negro del mismo fascismo español responsable impune del asesinato de cientos de miles de vidas de jóvenes luchadores antifascistas en los últimos setenta años:
ACUSA de complicidad en las gravísimas agresiones perpetradas por organizaciones fascistas al anterior Gobierno del PP y al actual Gobierno del PSOE, por amparar la actividad legal de tales organizaciones, y
EXIGE:
1. la investigación y el castigo a los culpables del asesinato de Carlos y del intento de asesinato del otro compañero.
2. la inmediata liberación de los jóvenes antifascistas detenidos
3. la investigación y anulación de todo tipo de financiación pública o privada a organizaciones de extrema derecha, incluida la AVT
Ante el riesgo más que probable de impunidad de un asesino que mostró en su intento de huida una ostentosa formación en táctica militar, que delataba su pertenencia al Ejército, posteriormente confirmada, Corriente Roja exige la creación de una comisión de investigación independiente, integrada por los familiares de Carlos y del otro compañero, si lo desean, por organizaciones de inmigrantes y por otras organizaciones sociales y políticas antifascistas. Esta Comisión debe indagar, además de la completa identidad y biografía del asesino, los vínculos de Democracia Nacional y demás organizaciones fascistas con sectores de los aparatos del Estado y su financiación. Corriente Roja se pone a disposición de la Coordinadora Antifascista para colaborar en el ejercicio de la acusación popular contra el asesino.
Ante la confirmación de que el asesino es miembro del Ejército, esta vez imposible de ocultar, y dada la reiteración con que se produce la relación de organizaciones fascistas con sectores de las Fuerza Armadas, Corriente Roja exige con urgencia y de una vez por todas que tras la investigación más exhaustiva se acometa lo que la Transición dejó pendiente y pesa como una losa sobre cualquier expectativa de democracia: la depuración de todos los elementos fascistas de todos y cada uno de los aparatos del Estado.
Corriente Roja plantea a los jóvenes y a todas las organizaciones obreras, empezando por las de los inmigrantes, la necesidad de reclamar y ejercer siempre el legítimo derecho individual y colectivo a la autodefensa, como primer ejercicio básico en la lucha contra el fascismo.
Corriente Roja, llama al pueblo de Madrid y a los pueblos del Estado Español a movilizar todas las fuerzas a su alcance para expresar, en las próximas manifestaciones antifascistas que en torno al 20N se celebrarán en todo el Estado español y en la manifestación del 6 de Diciembre contra la Constitución de 1978 y por la III República, de la forma masiva y rotunda, el rechazo popular a la escalada impune de actos fascistas, mientras se cercenan de forma creciente derechos democráticos y sociales de la clase obrera, nativa o extranjera, y de los pueblo del Estado español.
Madrid, 11 de noviembre de 2007