Queremos dar a conocer a toda la ciudadanía, más allá del ámbito local, lo que está ocurriendo en nuestro barrio. Por dos razones: son hechos muy graves y se intentan ocultar por parte del poder local, de los partidos políticos que han disfrutado del mismo en los últimos 25 años (PSOE e Izquierda Unida) y de buena parte del vecindario.

En principio no deja de ser un problema doméstico circunscrito a las 939 viviendas que componen la colonia “Pablo Iglesias”, construida hace un cuarto de siglo en el municipio de Rivas Vaciamadrid – en aquel entonces con poco más de quinientos habitantes que hoy superan los sesenta mil - por la cooperativa del mismo nombre, ligada estrechamente a la UGT y al PSOE.

Ante la existencia de un problema crónico de humedades, localizado en algunas viviendas, por fallos en la impermeabilización y el aislamiento térmico, hace un par de años la Comunidad de Madrid declara el barrio zona de rehabilitación integrada con la consiguiente aplicación de subvenciones públicas. Entonces (noviembre de 2005) el Ayuntamiento de Rivas distribuye un folleto firmado por el alcalde, José Masa, estimando un coste aproximado por vecino de 9.500 euros, subvenciones aparte. En aquel momento hay un consenso bastante amplio para que una rehabilitación que se valora en poco más de un millón y medio de las antiguas pesetas se lleve a cabo.

Es difícil distinguir si lo que viene después es una pequeña, aunque fogosa, contribución a la historia universal de la infamia o tan solo se trata de una chapuza de consecuencias funestas para la pequeña comunidad vecinal que la sufre.

Todos estamos instalados en una época de comercio voraz en la que se intenta vender una cantidad y variedad inagotable de bienes y servicios que se supone son imprescindibles, beneficiosos y más que saludables. Las estrategias de venta – el marketing – hacen maravillas, convirtiendo el polvo en oro, lo zafio en sublime, la mentira soez en verdad inapelable. La presión de los que de verdad mandan (las grandes empresas y grupos de poder) sobre una ciudadanía desorganizada y confundida es demasiado fuerte y tan solo encuentra pequeños conatos de resistencia. Todo esto es bastante conocido.

Lo peculiar de nuestro caso es que aunque se trata de los mismos beneficiarios: bancos, empresas constructoras, gabinetes de arquitectos y abogados…, la campaña de marketing no la han llevado a cabo sus empresas de publicidad sino nuestros supuestos representantes (institución municipal, comunidades de vecinos y partidos políticos, supuestamente, de izquierdas) y ha sido pagada por adelantado, antes de llevarse a cabo las ventas.

Se ha pasado de un gasto por vecino de 9.500 a más de 20.000 euros (más del doble, teniendo en cuenta la repercusión fiscal de las subvenciones: el 18% fijo, por incremento del valor patrimonial, según la Empresa Municipal de la Vivienda). Con las subvenciones, arroja una cifra de más de 33.000 euros, ¡un precio superior al que originalmente tuvieron las casas!



A nosotros nos parece un disparate. Si esto fuera La Moraleja no habría nada que objetar. Pero estas son casas de protección oficial, viviendas sociales que llevan el nombre de una de las figuras históricas del movimiento obrero español: Pablo Iglesias.

Y es que hay muchos perjudicados: vecinos que han comprado su casa recientemente con la consiguiente hipoteca mastodóntica , personas con una renta escuálida que al tener que endeudarse hasta las pestañas se quedan por debajo del nivel de pobreza, casos con un nivel de endeudamiento agudo que al mínimo vaivén corren el peligro de perder su casa, otros que están intentando venderla porque no pueden pagar la rehabilitación. Un problema de exclusión social cuya principal responsabilidad política recae, nada menos, que en el segundo ayuntamiento en importancia de Izquierda Unida – tras Córdoba – en el estado español. Sabemos que la acusación es muy grave, pero perfectamente demostrable: el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el promotor de fastos altermundialistas (Foro Mundial de las Migraciones), celebraciones republicanas y supuesta – mas supuesta que real, desde luego – vocación “participativa”, está permitiendo que se lleve a cabo un proceso de exclusión social que intenta ocultar, esperamos que sin éxito.

Es muy socorrido proyectar las responsabilidades propias sobre los demás (ya se sabe: las culpas de nuestros males las tiene…”el gobierno, los inmigrantes….los otros”). La principal responsabilidad del proceso de exclusión social en curso, con todo el sufrimiento que provoca, la tiene un sector importante del vecindario que con su complicidad, su pasividad, su mirar para otro lado, están perjudicando a no pocos vecinos y provocando que las normas y usos de convivencia sean sustituidos lisa y llanamente por la ley de la selva.

Podrá pensarse que exageramos, pero vayamos a los hechos. En un principio se plantea una rehabilitación para todo el barrio pero, cuando se pone en marcha el proceso de toma de decisiones, se contrata a diferentes equipos de arquitectos (un barrio de 939 viviendas está dividido nada menos que en 10 parcelas independientes – con su propia comunidad de vecinos - que, desde tiempo inmemorial, son gestionadas por una camarilla con tendencia al secretismo y al compadreo) que sacan adelante unos proyectos que van mucho mas allá de lo que es una rehabilitación, con unos gastos muy inflados. Sin llevar a cabo un estudio de viabilidad económica, se evita a toda costa que haya un proceso de discusión y las voces discrepantes que surgen se van acallando mediante tretas de todo tipo. Se forman mayorías excluyentes que llegan a retirar el derecho a voto a una serie de vecinos de forma ilegal, que estigmatizan cualquier discrepancia, llegando a producirse conatos de linchamiento contra los que se oponen a la hoja de ruta marcada por los presidentes de las comunidades (parcelas). Actitudes de intolerancia, de desprecio a la opinión ajena, de agresividad cada vez mayor van obteniendo carta de naturaleza. Se va creando un clima irrespirable que, a nuestro juicio, ha sido propiciado deliberadamente. A un cierto nivel, se llega a establecer la suspensión práctica de la libertad de expresión. Solo se admite la adhesión inquebrantable a la camarilla que gobierna en las comunidades de vecinos. Empieza una especie de guerra sucia, de eficacia probada, que ha acabado marginando a toda una serie de vecinos que, finalmente, han tirado la toalla.

Ante esta situación asfixiante, el tufillo de fascismo que se empieza a destilar en Pablo Iglesias, un grupo de vecinos formamos un grupo para luchar por una rehabilitación justa y en contra de la exclusión social que se quiere imponer contra viento y marea. A principios de junio convocamos una asamblea a la que asisten más de doscientos vecinos (la reunión vecinal más numerosa en muchos años) en la que la mayoría de los asistentes muestran un gran malestar por como se están llevando las cosas. Cuando, al comienzo del verano, las obras se ponen en marcha, llevamos a cabo un seguimiento cuyo fruto son diversos informes pormenorizados que muestran un sinfín de irregularidades por parte de diversas empresas constructoras. Por aquel entonces, mantenemos varias reuniones con la Empresa Municipal de la Vivienda y con el propio alcalde de Rivas. Por un lado, les hacemos ver que no solo hay claros indicios de incumplimiento de contrato por parte de las empresas constructoras sino que además todo el proceso está viciado (trabajos que aparecen por duplicado e incluso por triplicado en el presupuesto correspondiente sin ninguna justificación, sustituciones innecesarias, precios descaradamente abusivos, direcciones facultativas a beneficio exclusivo de la constructora, que ignoran olímpicamente a los vecinos y un largo etcétera. Todo completamente documentado). Pero nuestra preocupación fundamental era, y sigue siendo, la suerte de aquellos vecinos, con economías más débiles, sometidos a una auténtica persecución por no poder pagar las cantidades astronómicas que se piden. El alcalde llega a prometer escribir a los presidentes de las comunidades una carta para que no inicien una persecución judicial contra nadie, al menos hasta que la Empresa Municipal de la Vivienda no haya estudiado a fondo los casos de los vecinos en peor situación económica.

Lo que viene después confirma nuestros peores temores. El alcalde incumple su promesa y no manda ninguna carta. Los presidentes de las comunidades restringidas (parcelas) arrecian su persecución contra los vecinos con menos recursos. La Empresa Municipal de la Vivienda se compromete el 17 de septiembre a mantener en breve una nueva reunión con nosotros para estudiar toda una serie de cuestiones pendientes en relación con la marcha de las obras y con la oficina que han montado para atender a los vecinos que tienen dificultades para afrontar la rehabilitación. Han pasado más de dos meses y no hemos tenido ninguna noticia de ellos. Hay una clara voluntad de marginación. ¿Simplemente por haber mantenido una actitud crítica? Nos tememos que la cosa va mucho más allá.

En nuestra opinión, las juntas de las comunidades (parcelas) de “Pablo Iglesias”, tradicionalmente ligadas al PSOE (por el origen del barrio y por otras razones) y el Ayuntamiento de Izquierda Unida están actuando al unísono con un objetivo fundamental: acabar las obras a cualquier precio, aunque haya que provocar un grave proceso de exclusión social, aunque las obras estén plagadas de irregularidades, aunque sea una reforma más que una rehabilitación., aunque probablemente se esté haciendo un uso indebido de las subvenciones, aunque los principales beneficiarios de todo este gigantesco desatino sean los bancos, las constructoras y otros intereses ajenos al barrio. Lo importante es dejar el barrio bonito y punto.

Se podría especular con qué quizá toda esta maniobra sea un “adelanto” para volver a reeditar un posible gobierno de coalición IU-PSOE. Eso es lo de menos. Lo grave es el sufrimiento de la gente que está viendo como sus condiciones de vida empeoran seriamente por culpa de una dudosa rehabilitación, la humillación de muchos vecinos que son maltratados por tener pocos recursos o por disentir. Lo peor es que todo esto se pretenda ocultar y que la ley de la selva vaya estableciéndose como principio fundamental en el “mundo feliz” que algunos imaginan en Rivas Vaciamadrid.