En países como Haití, Pakistán, Guinea, Marruecos, México, Senegal, Uzbekistán, Bangladesh… la gente ha salido a la calle para decir: “Ya basta”. Pero, ¿qué se esconde detrás de la crisis alimentaria mundial? ¿Todo el mundo pierde? ¿Hay quien sale ganando?

El precio de sesenta productos agrícolas ha aumentado un 37% en el último año en el mercado internacional. Un aumento que ha afectado sobre todo a los cereales con una subida del 70%. Entre éstos, el trigo, la soja, los aceites vegetales y el arroz han alcanzado cifras récord. El precio del trigo, por ejemplo, suma hoy un 130% más que hace un año y el arroz un 100%. Viendo estos datos no es de extrañar las explosiones de violencia en el Sur para conseguir alimentos porque son los cereales básicos, aquellos que alimentan a los más pobres, los que han experimentado una subida sin parangón.

Pero el problema hoy no es la falta de alimentos en el mundo, sino la imposibilidad para acceder a ellos. De hecho, la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años sesenta, mientras que la población a escala global tan sólo se ha duplicado.

Hay razones varias que explican este aumento espectacular de los precios: desde las sequías y otros fenómenos meteorológicos en países productores como China, Bangladesh y Australia que habrían afectado a las cosechas; el aumento del consumo de carne por parte de pujantes clases medias en América Latina y en Asia, especialmente en China; las importaciones de cereales realizadas por países hasta el momento autosuficientes como India, Vietnam o China, debido a la pérdida de tierras de cultivo; el aumento del precio del petróleo que habría repercutido directa o indirectamente, y hasta las crecientes inversiones especulativas en materias primas.

Es aquí donde creo importante centrarnos en estas dos últimas causas. El aumento del precio del petróleo ha generado el uso de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y otros han hecho especial énfasis en la producción de agrocombustibles como una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entra en competencia directa con la producción de alimentos. Por poner sólo un ejemplo, el año pasado en Estados Unidos el 20% del total de la cosecha de cereales fue utilizada para producir etanol y se calcula que en la próxima década esta cifra llegará al 33%. Imaginémonos esta situación en los países del Sur. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya ha reconocido que “a corto plazo, es muy probable que la expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la agricultura de América Latina”.

Otra causa a resaltar es la creciente inversión por parte del capital especulador en materias primas. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores empezaron a invertir en alimentos, empujando al alza sus precios.

Pero esta crisis alimentaria mundial no es coyuntural, sino que responde al impacto de las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde hace treinta años a escala global. Liberalización comercial a ultranza a través de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdo de libre comercio y las políticas de ajuste estructural, el pago de la deuda externa, la privatización de los servicios y bienes públicos son sólo algunas de las medidas que se han venido imponiendo por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las últimas décadas en los países del Sur.

Unas políticas que han permitido la invasión de estos mercados por productos del agribusiness del Norte altamente subvencionados y que han acabado con la agricultura y la ganadería autóctona; reconvirtiendo y privatizando tierras destinadas hasta el momento al abastecimiento local en tierras de producción de mercancías para la exportación. Unos territorios en manos de la agroindustria, quien ha sacado provecho de una mano de obra barata y de una laxa legislación medioambiental.

Este modelo de agricultura y alimentación no sólo tiene consecuencias en el Sur global, sino también en las comunidades del Norte: acabando, en ambos lados del planeta, con una agricultura familiar y un comercio de proximidad vital para las economías locales; promoviendo una creciente inseguridad alimentaria con una dieta que se abastece de alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y fomentando una agricultura y ganadería intensiva, desnaturalizada, drogodependiente (por el alto uso de pesticidas) y donde el beneficio económico se antepone a los derechos sociales y medioambientales.

La crisis alimentaria global beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno de los eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los alimentos. No en vano los beneficios económicos de las principales multinacionales de las semillas, de los fertilizantes, de la comercialización y transformación de comida y de las cadenas de la distribución al detalle no han parado de aumentar.

Los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. Las tierras, las semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta.

Esther Vivas es co-coordinadora de los libros Supermercados, no gracias y ¿Adónde va el comercio justo?. Artículo publicado en Público, 09/05/2008.